Cuando las alumnas decidieron romper el silencio, no solo denunciaron un posible delito; descorrieron el velo de una vulnerabilidad que habita silenciosa en los bolsillos de cada estudiante.
Una denuncia pública de estudiantes de 3ro y 4to medio del Instituto O’Higgins de Rancagua ha destapado un presunto esquema de difusión y venta de material íntimo de compañeras del propio establecimiento, generando conmoción en la comunidad educativa y una rápida movilización social y política.
Lo más grave es que la agresión viene de dentro. Las alumnas denunciantes subrayan que los presuntos responsables no son terceros ajenos al colegio, sino compañeros de curso, lo que profundiza la sensación de traición y rompe la confianza dentro del aula.
Un negocio, no solo un abuso. Según la denuncia, las imágenes no solo circulaban: se habrían comercializado entre estudiantes, configurando lo que las jóvenes describen como violencia digital con fines de lucro, con exposición pública, humillación y vulneración sistemática de su intimidad.
El peso de un historial institucional. El caso reabre heridas ligadas al antiguo escándalo de abusos del hermano Abel Pérez, conocido públicamente desde 2017, lo que alimenta la exigencia de transparencia absoluta por parte de la comunidad marista.
Tensión entre protocolo y percepción de impunidad. El rector Claudio Castillo Faúndez confirmó la activación de protocolos y la notificación a la Fiscalía y a la Superintendencia de Educación. Sin embargo, la reserva legal que protege a los menores investigados es vivida por las víctimas como una forma de inacción, al tener que compartir espacios escolares con los acusados mientras avanza el proceso.
Las redes como motor de justicia. La difusión del caso en Instagram fue clave para forzar una respuesta institucional: la FESER y autoridades regionales —incluido el gobernador Pablo Silva Amaya— se pronunciaron, confirmando el ingreso de una denuncia formal ante la Fiscalía Regional. La presión derivó en una manifestación ciudadana y en el despliegue de equipos de convivencia escolar en terreno.
El caso queda ahora en manos de la Fiscalía y la Superintendencia de Educación, mientras la comunidad debate qué tanto protegen realmente los protocolos escolares frente a la violencia digital entre pares.
