La representante de O’Higgins dio a conocer un contundente informe del órgano fiscalizador, donde se confirmó que algunos recintos debían ser entregados hace 980 días, por lo que se ordenó el inicio de un procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades.
Un contundente informe emitió durante los últimos días la Contraloría General de la República, luego que en marzo del año pasado la diputada por la Región de O’Higgins e integrante de la comisión de la Familia, Natalia Romero, presentara un requerimiento denunciando una grave tardanza en la construcción y entrega de una serie de jardines infantiles y salas cunas a cargo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), los que debían estar concluidos e inaugurados entre el 2021 y el 2022.
Al respecto, cabe recordar que desde que asumió en marzo de ese año, la parlamentaria se ha reunido en innumerables oportunidades con las autoridades -nacionales y regionales- a cargo de la construcción de dichos recintos, además de oficiar permanentemente a la Junji exigiendo mayor información sobre la entrega de los jardines infantiles comprometidos en la zona, llegando al punto -incluso- de solicitar la creación de una comisión investigadora en la Cámara Baja, la que una vez aprobada tendrá como objetivo determinar todas las responsabilidades en los retrasos de las obras.
En ese sentido, y tras reconocer el mérito de la denuncia que presentó Romero, la Contraloría decidió realizar una auditoría cuyos resultados fueron entregados el pasado 10 de mayo, en el que -entre otras medidas- otorgaron un máximo de 60 días hábiles a la Junji para que concluyan las obras de siete jardines: Los Torunos (Graneros), Arturo Pérez Canto (Las Cabras), Villa Santa María (Machalí), Parral de Purén (Coltauco), Peuco (Mostazal), Baquedano (Rancagua) y Miraflores (Chimbarongo).
“La presente revisión se planificó atendido el impacto social y el aporte a la comunidad que generan este tipo de obras. Asimismo, se consideró el tiempo transcurrido desde el inicio de ejecución de las obras, las que en algunos casos provienen del año 2016, alcanzando siete años sin que hayan sido terminadas”, señala parte del informe del organismo contralor, en el que agregan que “la dirección regional de la Junji en siete jardines -que tienen asociados ocho contratos con término anticipado- no ha adoptado acciones para finalizar las obras, en un plazo que fluctúa entre los 337 a los 980 días desde su liquidación hasta el 31 de mayo de 2023, incumpliendo así con el principio de celeridad”.
Producto de lo anterior, la diputada Romero manifestó que “el contundente informe que acaba de emitir la Contraloría viene a confirmar todo lo que venimos advirtiendo hace ya dos años: que la Junji ha actuado con absoluta irregularidad en relación con la construcción de los jardines infantiles en la región, dejando a cientos de familias sin la posibilidad de disponer de un cupo para sus hijos”.
Pero además de ordenar que se concluyan las obras de los siete recintos en un plazo de 60 días hábiles -lo que se cumpliría a mediados de agosto-, la Contraloría también dispuso el inicio de un procedimiento disciplinario al interior de la dirección regional, tras detectar que la Junji incumplió con los deberes de simplificación, rapidez y celeridad al tomarse entre cuatro y once meses en poner término anticipado a los contratos, luego que las empresas a cargo decidieran abandonar las obras.
Asimismo, el organismo detectó un conjunto de deficiencias en trámites como las recepciones de obras, los términos anticipados de contratos y el cumplimiento de los plazos administrativos, mientras que en el caso del jardín infantil Villa Santa María, de la comuna de Machalí, determinaron que existe un deterioro en las obras y materiales, además de trabajos sin terminar, por lo que también dispusieron de un plazo de 60 días hábiles para que fueran subsanados todos los problemas.
Con todo esto, la diputada Romero aseguró que cobra mucha más fuerza y se vuelve indispensable aprobar y constituir la comisión investigadora que está impulsando en la Cámara Baja, donde las primeras invitadas serán las autoridades de la Junji y de la Contraloría para abordar dicho informe.
“Llevamos dos años luchando para que se terminen todos los jardines que fueron prometidos en nuestra región, donde algunos incluso llevan cerca de un 90% de avance, pero no se han podido concluir. Son cientos de familias las que están esperando por una solución definitiva, por lo que ahora esperamos que este contundente informe que acaba de emitir la Contraloría sea la base para terminar de una vez por todas la anhelada construcción de estos recintos”, reiteró la parlamentaria.
